El ente de control señaló que la segunda temporada invernal del año amenaza con afectar un importante número de poblaciones asentadas en el área de influencia del Canal del Dique, el embalse de “El Guájaro” y el margen oriental del río Magdalena.
Por: Sinahi Páez Bent
Ante las recurrentes emergencias que generan las inundaciones en el Atlántico, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a la ministra de Agricultura, al presidente y al vicepresidente de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y a la gobernadora, para que adopten acciones coordinadas que permitan la recuperación integral de los canales de drenaje y riego de los municipios del sur del departamento.
A través de una misiva, el Procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Gustavo Adolfo Guerrero Ruíz, requirió a las entidades responsables revisar y actualizar la línea base de los canales de drenaje y riego, y remitir el respectivo inventario identificado y georreferenciado.
Además, solicitó allegar la cartografía y analizar la viabilidad de implementar las obras requeridas, dado que la segunda temporada invernal del año amenaza con afectar a un importante número de poblaciones asentadas en el área de influencia del Canal del Dique, el embalse de “El Guájaro” y el margen oriental del río Magdalena.
En desarrollo de su función preventiva, el ente de control visitó la zona y evidenció el alto grado de acumulación de sedimentos en los canales, lo que impide que el agua lluvia haga su recorrido natural y genera su rebosamiento, inundando los terrenos. Esto sumado a que, en algunos municipios, los canales de drenaje reciben aguas residuales provenientes de los sistemas de tratamiento que impactan de manera negativa a la población campesina y al medio ambiente.
Asimismo, el delegado también manifestó en su carta la reiterada queja de la comunidad, sobre el mal estado en que se encuentran los canales, especialmente los ubicados en los municipios de Santa Lucía, Campo de La Cruz, Suán, Manatí, Candelaria y Repelón, los cuales no están cumpliendo con la función para la que fueron diseñados y construidos.
Finalmente, el Ministerio Público recordó que esta actuación va encaminada a lograr la protección de los derechos colectivos, la seguridad alimentaria, la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, y al goce de un ambiente sano, y precisó que no implica coadministración.
