El Ministerio Público investiga presuntas irregularidades en el arrendamiento de inmuebles entregados por los paramilitares para reparar a las víctimas.
Por: Sinahi Páez Bent
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria en contra de cuatro exfuncionarios de la Unidad de Víctimas por presuntas irregularidades en los arriendos de 17 inmuebles que vienen de Justicia y Paz, al considerar que cuentan con valores muy por debajo del estimativo del mercado.
El ente de control, luego de la indagación previa, investiga la posible responsabilidad de los directores y los coordinadores del Fondo de Reparación para las Víctimas en el período entre diciembre de 2018 al año 2022, quienes, al parecer, cometieron faltas disciplinarias relacionadas a los contratos de arrendamiento de dichos inmuebles entregados en administración por Justicia y Paz a la Unidad para la Atención y Reparación lntegral a las Víctimas.
De esta manera, la Procuraduría inició investigación disciplinaria contra Yolanda Pinto Afanador y Ramón Alberto Rodríguez, en su calidad de directores de la Unidad para las Víctimas para la época de los hechos, y Luz Carime Cepeda y Miguel Avendaño Hernández, como coordinadores del Fondo de Reparación para las Víctimas, también para la época de los hechos.
Los inmuebles que son objeto de la investigación de la Procuraduría, dado que su valor de arrendamiento no corresponde con los del mercado para las fechas de su respectiva suscripción del contrato, corresponden a lotes, fincas, parcelas, haciendas, oficinas y parqueadero, ubicados en los departamentos de Antioquia, Santander, Boyacá, Valle del Cauca, Cesar y Córdoba con arriendos entre los 43 mil y los $1.462.510.
La Procuraduría iniciará con la recopilación de pruebas a través de una inspección disciplinaria en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y un dictamen técnico-científico.
Finalmente, el ente de control compulsó copias para que se investigue la posible pérdida o extravío de documentos que debían contener los expedientes, físico como digitales, de los respectivos inmuebles administrados por el Fondo de Reparación para las Víctimas.
