El presunto transportador aceptó haber retirado diversas sumas que recibió de una compañía a través de transacciones y cheques para, al parecer, entregarlas a mensajeros de las extintas AUC.
Por: Sinahi Páez Bent
La Fiscalía General de la Nación obtuvo sentencia condenatoria contra Luis Alberto Agudelo Jiménez, un taxista quien presuntamente sirvió de intermediario de una comercializadora internacional de banano para hacerle llegar dineros a las extintas Autodefensa Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), entre 1996 y 1999.
En el curso de la investigación, dirigida por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, se obtuvieron soportes contables, recibos o comprobantes de pago, solicitudes de desembolso, copias de cheques y de extractos bancarios, que dan cuenta de diversas sumas que recibió el transportador de la empresa extranjera por supuestas operaciones comerciales sin sustento.
Asimismo, se estableció que este hombre, al parecer, hacía los respectivos retiros y entregaba periódicamente los recursos en Medellín y Apartadó, Antioquia, a enviados del entonces frente Arlex Hurtado de las ACCU, una estructura responsable de homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, tráfico de estupefacientes y de armas, entre otras conductas criminales.
Ante las pruebas obtenidas, Agudelo Jiménez, de manera libre y voluntaria, aceptó durante una diligencia de indagatoria su responsabilidad en los hechos que se le atribuyen y se sometió a sentencia anticipada, en atención a los parámetros definidos en la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal).
En ese sentido, un juez penal especializado de Antioquia lo condenó a tres años de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado y al pago de una multa equivalente a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La decisión es de primera instancia y contra esta proceden los recursos de ley.
