Los activos avaluados preliminarmente en más de $100.500 millones fueron afectados con medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio.
Por: Sinahi Páez Bent
Durante la labor investigativa y operativa que permitió la captura de Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, se conocieron varias comunicaciones y otras evidencias en las que el señalado máximo cabecilla del ‘Clan del Golfo’, presuntamente hacía constante referencia a un ‘Fondo de Guerra’ y explicaba que era prioritaria su sostenibilidad para mantener el flujo de dinero ilícito.
La Fiscalía General de la Nación, a través de un grupo de fiscales de la Dirección Especializada de Extinción de Dominio, topógrafos y expertos en distintas disciplinas; y en articulación con unidades de policía judicial y comandos especiales de la Policía Nacional, se trasladó a la zona de injerencia ilegal de la organización criminal y estableció que lo mencionado por el hoy extraditado jefe del ‘Clan del Golfo’ correspondía a un conjunto de bienes obtenidos con recursos producto del narcotráfico y distintos actos delictivos.
En las verificaciones se constató que las propiedades, al parecer, pertenecerían a los cabecillas conocidos como: ‘Otoniel’, ‘Chiquito Malo’, ‘Tatareto’, ‘El Indio’, ‘Nicolás’, ‘Kiriki’, ‘Atilio’, ‘Marihuano’, ‘Pueblo’ y ‘Julio Quemao’. Actualmente estaban a nombre de presuntos testaferros que los explotaban y sacaban provecho para la ganadería y el cultivo de madera tipo teca, entre otras actividades destinadas a blanquear millonarios capitales.
Ante los elementos de prueba obtenidos, la Fiscalía impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 2.754 hectáreas, representadas en 22 predios que preliminarmente superan en valor los $100.500 millones.
Estos activos fueron ocupados en diligencias realizadas de manera simultánea en Apartadó, Arboletes, Carepa, Chigorodó, Necoclí y San Pedro de Urabá (Antioquia); y Acandí (Chocó).
En el curso de la investigación se estableció que los predios afectados tenían una ubicación geográfica que facilitaba la salida de cargamentos de cocaína, el tráfico de migrantes y el acopio de dinero, armas y material de intendencia para las subestructuras Carlos Vásquez, Juan de Dios Úsuga y Efrén Vargas Gutiérrez que hacen parte del Bloque Central de Urabá.
Asimismo, se conoció que, en algunas de estas propiedades, al parecer, se cumplieron reuniones para planear acciones criminales, y otras sirvieron de centro de descanso para los máximos cabecillas que buscaban evadir el actuar de la fuerza pública o como área de entrenamiento para los nuevos integrantes del grupo armado ilegal.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) será la entidad encargada de administrar los predios.
