El Ministerio Público halló presuntas faltas en la gestión de los supervisores ante el incumplimiento en los pagos pactados por parte de los arrendatarios y la ausencia de avalúos catastrales en los contratos, entre otras inconsistencias.
Por: Sinahi Páez Bent
La Procuraduría General de la Nación encontró méritos para iniciar investigación disciplinaria en contra de cinco exfuncionarios y un servidor público de la Subdirección Administrativa y Financiera de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), por presuntas irregularidades evidenciadas durante la suscripción y ejecución de contratos de arrendamientos de predios ubicados en el Archipiélago Islas del Rosario ubicado frente a las costas de Departamento de Bolívar.
Estas se relacionan con las presuntas faltas en la gestión de los supervisores ante el incumplimiento en los pagos pactados por parte de los arrendatarios, en las solemnidades establecidas en el acuerdo 041 de 2006. También se evidenció ausencia de avalúos catastrales y que algunos contratos excedieron el límite de área permitido para el arriendo.
De esta manera, el ente de control ordenó abrir un proceso disciplinario en contra de los exfuncionarios Olga Yamile González, William Andrés Robledo Acosta, Nubia Pacheco Gómez, Alexander Rivera Sánchez y Campo Elías Vega Rocha por su condición de subdirectores Administrativos y Financieros para la época de los hechos. Asimismo, se realizará una investigación disciplinaria en contra de José Augusto Acosta Buitrago, servidor público vinculado a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) desde el 2019, quien también podría estar implicado en posibles irregularidades.
La Procuraduría resaltó que, en atención al fenómeno de la caducidad, la investigación disciplinaria verificará la ocurrencia de hechos presuntamente irregulares, que puedan constituir falta a la ley disciplinaria a partir del 31 de diciembre de 2019, a pesar de que algunas pruebas indican la comisión de conductas constitutivas de falta con anterioridad a dicha vigencia.
Cabe resaltar que, la Procuraduría General de la Nación, tiene en la mira los arrendamientos en las Islas del Rosario, teniendo en cuenta la afectación que podría generar a la preservación del equilibrio ecológico, la protección del patrimonio público y la garantía de los derechos de las comunidades, en especial, de grupos étnicos en la zona.
