Si bien es cierto que estamos en una etapa de transición, es imperativo que los mensajes enviados se traduzcan en acciones afirmativas.
Por: Sinahi Páez Bent
Los indicadores del plan marco de implementación distan de registrar avances significativos, en oposición a los propósitos y la buena voluntad declarada por el nuevo Gobierno. No obstante, sólo en la medida en que se cumpla lo pactado en el Acuerdo Final podremos hablar de Paz Total.
Así lo resaltó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, al presentar el Tercer Informe de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, correspondiente al periodo comprendido entre el 8 de julio y el 31 de diciembre de 2022.
En este lapso la Defensoría del Pueblo verificó la atención prestada a las recomendaciones realizadas en los informes anteriores, que a su vez permitió evaluar el estado de cumplimiento en la implementación, pero también la voluntad del Gobierno hacia el logro de los objetivos trazados en el Acuerdo, en momentos en que el país tiene puestas todas las expectativas en lo que tiene que ver con el impulso de éste con los compromisos alcanzados.
Además, el funcionario señaló que la Defensoría tiene puestas las expectativas en el nuevo Gobierno para impulsar los compromisos del Acuerdo Final, dado que el discurso del Presidente de la República, Gustavo Petro, se ha referido a la necesidad de cumplir lo pactado y en consecuencia ejecutar los compromisos previstos.
Asimismo, el contenido social, las propuestas ambientales y la necesidad de vincular a toda la sociedad y a todos los actores constituyen los pilares a partir de los cuales el nuevo gobierno se muestra comprometido con la implementación del Acuerdo.
Sin embargo, aseguró el Defensor del Pueblo que, “no son suficientes los anuncios, con menor razón si son aprovechados o entendidos de mala manera y convertidos en mecanismo de presión para lograr decisiones inmediatas, como en el caso de las ocupaciones ilegales de tierras”.
De la misma forma, Carlos Camargo aseguró que “el Acuerdo Final debe integrarse al espíritu de la Paz Total, y asumir el cumplimiento del primero como un elemento fundamental para ser creíbles en el segundo. El incumplimiento del Acuerdo Final le quitaría posibilidades persuasivas a los argumentos de la Paz Total en la medida en que los grupos negociadores estarán monitoreando el cumplimiento de esas obligaciones para evaluar la capacidad del Estado de cumplir sus compromisos”.
Por otro lado, el Ministerio de Agricultura ha anunciado la firma de un convenio con Fedegán para la compra de tres millones de hectáreas a incorporar al Fondo de Tierras, que no se ha concretado pese a que se ha dicho que existen otros interesados. La Defensoría del Pueblo considera que debe unificarse un procedimiento para quienes quieran ofertar sus tierras y tener claro de dónde saldrán los recursos.
A juicio de Carlos Camargo Assis, la cuantiosa destinación de recursos debe estar en línea con la racionalidad del gasto. En este punto llamó la atención del compromiso relacionado con la jurisdicción agraria, que establece la necesidad de crear la figura del juez de tierras, como el funcionario que, en la ruralidad, en el territorio, pueda resolver los conflictos suscitados o asociados a la tenencia u ocupación de la tierra, cuyas decisiones deben efectuarse con enfoque de género.
Un juez que no sea el juez civil ni el juez administrativo, itinerante o ambulante para que pueda llegar donde está el campesino, es decir, especializado en tierras y con capacidad de atender todas las conflictividades, que evite el escalamiento del conflicto mediante el uso de mecanismos alternativos, entre otros. Debe ser un juez con un equipo multidisciplinario capaz de definir un litigio por tierras y conforme a un procedimiento especial.
Sin embargo, recalcó el Defensor del Pueblo, “ese funcionario al que se aludió en las discusiones de la Habana no se traduce en una nueva corte. Por lo tanto, el Congreso de la República, encargado en su sabiduría de garantizar ese compromiso debe evaluar con detenimiento la conveniencia o no de crear un nuevo órgano alejado de esa figura que se busca que atienda en la ruralidad”.
Avances y desafíos
El nivel de implementación no ha sido el mismo en todos los puntos, pero no por una baja ejecución en alguno de ellos se puede concluir ausencia de voluntad para la implementación o con el Acuerdo Final, con menor razón si se tiene en cuenta que la ejecución está prevista a doce años.
En lo que tiene que ver con la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), para octubre de 2022, se reporta un 40% de iniciativas con ruta de implementación activas, lo cual refleja un avance del 6% con respecto al informe defensorial anterior, presentado en el mes de julio de 2022.
En cuanto al Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos, la Defensoría del Pueblo observa que se mantiene la vinculación formal de 99.097 familias beneficiarias sin que se haya definido una respuesta para las familias que no se inscribieron pero que vienen pidiendo inclusión.
Los avances en materia de catastro multipropósito tampoco son halagadores y aún no se conoce el porcentaje de avance a diciembre de 2022.
Los registros anteriores describen un fenómeno de ralentización en la implementación de julio a diciembre de 2022, sin embargo, permiten también apreciar los avances que respecto de diferentes compromisos han tenido lugar desde la firma del Acuerdo hasta la fecha, y en ese sentido es claro el compromiso y la voluntad de los gobiernos anteriores en línea con el proceso de paz.
