La Defensoría señaló que, las AGC-Clan del Golfo han venido cometiendo acciones que no son señales de respeto a un cese.
Por: Sinahi Páez Bent
Luego de la decisión del presidente Gustavo Petro de suspender el cese bilateral con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo); el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, manifestó que el Estado debe actuar con contundencia frente a las acciones que los grupos armados ilegales están generando contra las comunidades en los territorios.
La Defensoría del Pueblo explicó que el cese bilateral con las AGC-Clan del Golfo es un ‘ultimátum’ para los demás grupos armados que siguen siendo parte de dicho cese, en el marco del denominado proceso de paz total, para que muestren gestos de paz reales.
“Si los grupos armados ilegales burlan el anhelo de paz de los colombianos, es deber del Estado actuar de manera contundente en la protección y la garantía de los derechos de las comunidades en los territorios. El Estado no puede omitir su deber de proteger y garantizar los derechos de las personas”, manifestó Carlos Camargo Assis.
según el ente, se evidenció que las AGC-Clan del Golfo han venido cometiendo acciones que no son señales de respeto a un cese el fuego bilateral. En la subregión del Sur de Bolívar, donde tienen presencia en gran parte del territorio, ejercen presiones sobre la población civil, particularmente contra líderes, lideresas, personas defensoras de DDHH, líderes comunales, funcionarios públicos, mineros, campesinos, población civil en general.
“Los grupos armados no están demostrando gestos genuinos de paz ni han expresado pruebas fehacientes de respetar a la población civil, pues se mantienen las acciones hostiles contra la población civil, particularmente contra las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes”, manifestó el Defensor del Pueblo.
Asimismo, Camargo reiteró que el Estado tiene el deber de reprimir con la fuerza todas las acciones que vulneren los derechos y libertades ciudadanas que afecten la convivencia, “para ello debe adoptar medidas efectivas y oportunas de seguridad para proteger a la población de las agresiones y violaciones de sus derechos por parte de los grupos armados ilegales y grupos delictivos organizados”, concluyó.
