Por: El Ámbito
La violencia se desborda en el suroccidente del país y la Fiscalía General de la Nación apunta directamente a las disidencias de las Farc como responsables de la oleada de atentados con explosivos en varios municipios del Cauca y Valle del Cauca. El organismo acusador anunció la apertura de siete procesos penales y la asignación inmediata de siete fiscales especializados para investigar lo que considera una serie de actos terroristas coordinados.
Según las primeras indagaciones, estos ataques estarían motivados por la muerte de Leider Johani Noscué Bototo, alias Mayimbú, exjefe máximo de la columna móvil Jaime Martínez, abatido el 13 de junio de 2022. La Fiscalía sostiene que las disidencias habrían planificado esta ofensiva como represalia y demostración de fuerza.
Alias Mayimbú era una figura temida en la región: se le investigaba por asesinatos selectivos, secuestros, control violento de territorios, operaciones ligadas al narcotráfico y ataques armados contra comunidades y autoridades. Su muerte desató una reconfiguración violenta del poder en la zona, cuyos efectos están estallando ahora con brutalidad.
Los fiscales, apoyados por agentes del CTI y la Policía Nacional, se encuentran desplegados en terreno, aunque en algunas zonas su ingreso ha sido imposible por la alta inseguridad. Recolectan testimonios, realizan inspecciones y buscan pistas para identificar con precisión a los responsables.
El primer atentado que encendió las alarmas ocurrió el lunes 9 de junio en Jamundí, Valle del Cauca. A partir de ese momento, se desató una cadena de hostilidades que alcanzó su punto más crítico entre las 3:22 a.m. y las 8:30 a.m. del martes 10 de junio, con explosiones y hostigamientos casi simultáneos en Cali, Palmira, Buenaventura y Jamundí, así como en los municipios caucanos de El Bordo, Corinto, Timbiquí, Toribío, Morales, Buenos Aires, Villa Rica y Caloto.
Hasta ahora, la violencia ha dejado un saldo de al menos ocho personas muertas, entre ellas civiles y miembros de la fuerza pública, lo que agrava el panorama de seguridad en una región históricamente golpeada por el conflicto armado.
Las autoridades se enfrentan ahora al reto de frenar una estructura armada que ha demostrado capacidad para coordinar ataques múltiples en distintos frentes. La Fiscalía, por su parte, ha prometido acelerar las investigaciones y judicializar a los responsables sin contemplaciones. El país espera respuestas rápidas, mientras el miedo se apodera nuevamente de los habitantes del suroccidente colombiano.
