Hecho ocurrido en: Caquetá
Por: El Ámbito
En una contundente operación de inteligencia y maniobra militar, el Ejército Nacional desactivó un inminente atentado terrorista al descubrir y desmantelar un depósito ilegal con explosivos de alto poder destructivo en zona rural del municipio de Puerto Rico, Caquetá. El hallazgo, liderado por la Décima Segunda Brigada de la Sexta División, evitó lo que pudo ser una tragedia de grandes proporciones.
La acción militar se desarrolló en las inmediaciones del corregimiento de Santana Ramos, específicamente en la vereda Arenoso, donde las tropas, apoyadas por unidades caninas especializadas, encontraron los artefactos ocultos estratégicamente entre la vegetación espesa y camuflados bajo plásticos negros a orillas del río Guayas.
Gracias a labores de inteligencia, se confirmó que el arsenal pertenecía al grupo armado residual Bloque ‘Jorge Suárez Briceño’, Estructura ‘Iván Díaz’, y estaba destinado a ser utilizado contra tropas militares desplegadas tanto en zonas urbanas como rurales del departamento.
Durante la minuciosa inspección del terreno, los soldados hallaron 19 artefactos explosivos improvisados, 2 granadas artesanales tipo mortero, 84 cartuchos calibre 5.56 y 4 cartuchos 7.62, elementos que estaban listos para ser detonados y causar devastación no solo en unidades militares, sino también en poblaciones civiles cercanas.
“De haber sido activado este material, se habrían producido daños catastróficos a la infraestructura local, la vida de soldados y civiles, así como a activos estratégicos del Estado”, advirtió el comando del Ejército.
En lo que va del año 2025, ya son 54 artefactos explosivos destruidos y más de 120 kilos de anfo incautados en operaciones en esta región, debilitando significativamente las capacidades logísticas y operativas de los grupos armados ilegales que operan en el sur del país.
Este nuevo golpe contra el crimen organizado refleja un avance sustancial en la lucha por el control territorial y la protección de las comunidades. El Ejército ha reforzado la seguridad en la zona para evitar posibles retaliaciones y proteger la vida de los habitantes.
El comando de la Brigada ordenó intensificar las operaciones, acatar las directrices del Derecho Internacional Humanitario y cumplir con las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, amparadas en alertas tempranas que advertían sobre los riesgos en esta región históricamente golpeada por el conflicto armado.
