Una red criminal integrada por personal activo y retirado de la Fuerza Pública traficaba armas y municiones con grupos armados ilegales.
Una operación de la Fiscalía General de la Nación destapó una red criminal que operaba desde el corazón de las instituciones encargadas de proteger al país. Personal activo y retirado del Ejército Nacional y la Policía Nacional está vinculado a una estructura delincuencial que se habría apropiado ilegalmente de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Militares, para venderlo a disidencias de las Farc y bandas criminales en varias regiones del país.
El escándalo sacude al sector defensa. Según la investigación, las armas eran sustraídas de batallones en Bogotá, del Fuerte Militar de Tolemaida y de la sede de Indumil en Soacha (Cundinamarca), uno de los centros neurálgicos en la fabricación y distribución de armamento estatal.
Los destinos de las armas
El material de guerra era desviado y luego vendido a estructuras armadas ilegales como disidencias de las Farc en Cauca, Tolima, Meta y Arauca, además de bandas criminales que operan en Bogotá. La red, según el ente acusador, operaba utilizando salvoconductos vencidos para engañar a establecimientos autorizados para la venta de municiones, simulando compras legales con documentos falsificados o vencidos.
La Fiscalía confirmó que los involucrados usaban fachadas comerciales lícitas para ocultar sus movimientos: negocios de venta de artículos deportivos, armerías e incluso distribuidores minoristas, todo para disfrazar una operación que socavaba directamente la seguridad nacional.
Los implicados
Entre los capturados figuran:
- Alberto Hernando Orozco Salcedo
- Luis Eduardo Urueña Díaz
- Henry Mosquera Ramírez
- Homes Bastidas Ardila
- Bernardino Wilches Vargas
- Jaime Humberto Puentes Puentes
- Jairo Enrique Valenzuela Ramírez
- David Bustos Vanegas
- Jhon Alexander Salgado Osorio
- Yesi Lenin Molano Santamaría
- Katerine Celeste Baquero González
A todos se les imputaron cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico, porte y fabricación de armas de uso restringido y privativo de las Fuerzas Militares, así como uso ilegal de uniformes e insignias.
El golpe a la legalidad
Este caso pone en evidencia cómo la corrupción y el crimen organizado se infiltran en las entrañas de las instituciones que deberían garantizar el orden. El uso de uniformes oficiales y documentos falsos para encubrir el tráfico ilegal pone en entredicho los controles internos del sistema de defensa colombiano.
Mientras avanza el proceso judicial, el país se pregunta: ¿cuántas armas más han salido por la puerta trasera de los batallones? ¿Cuántos otros involucrados permanecen en la sombra?
La investigación sigue abierta y no se descartan más capturas.
